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Defensora del Pueblo ha resuelto más de 5,000 casos sobre protección derechos

Su objetivo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos plasmadas en la Constitución en caso de que serán vulneradas por funcionarios públicos.

Santo Domingo, 15 may (EFE).- El Defensor del Pueblo ha resuelto desde su entrada en funcionamiento, hace seis años, más de 5,000 reclamaciones sobre vulneración de derechos fundamentales presentadas por ciudadanos contra entidades públicas y privadas, informó este miércoles el órgano constitucional, que celebra hoy su aniversario.

Los reclamos llevados ante el Defensor del Pueblo conciernen a solicitudes de gestiones para conseguir declaraciones tardías de nacimiento, pago de pensiones, asistencia social y de beneficios laborales a servidores públicos y de expropiaciones de inmuebles a cargo del Estado, informó la entidad en un comunicado.

También ha intervenido en casos de retención de personas en centros médicos por falta de pago, para la reparación y construcción de viviendas, para el saneamiento de cañadas, por problemas medioambientales, por falta de agua y deficiencias en los servicios públicos, así como por violación de los espacios públicos.

La institución ha desarrollado un programa de educación para orientar a los ciudadanos sobre sus derechos y cómo exigirlos, a través de charlas impartidas en instituciones públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales, y ha impartido más de 300 charlas en todo el país.

En mayo de 2013, el Senado de la República designó a Zoila Martínez Guante como defensora del pueblo, y a las abogadas María Ramos y María Batista, como defensoras adjuntas por un período de seis años.

Además, fueron nombrados los abogados Carlos Hernández Cabrera y Ruddy Nelson Frías, como primero y segundo suplente, respectivamente.

El Defensor del Pueblo fue creado mediante en 2001, y luego adquirió rango constitucional en el 2010, al ser incorporada en la Carta Magna aprobada ese año, quedando formalmente constituida en 2013 con los citados nombramientos.

Su objetivo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos plasmadas en la Constitución en caso de que serán vulneradas por funcionarios públicos.EFE

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